La reciente demanda presentada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la promotora Last Tour ha reavivado un debate de larga data sobre la gestión de derechos de autor en España. Con una reclamación que supera los 4 millones de euros, de los cuales aproximadamente 2 millones corresponden a los conciertos de Taylor Swift en Madrid durante su gira The Eras Tour, el conflicto pone en el centro de atención las prácticas tarifarias y la transparencia en la industria musical.

La disputa entre SGAE y Last Tour no es un episodio aislado. Ambas entidades han tenido enfrentamientos previos, incluyendo dos demandas anteriores, la última en 2019, que se resolvió a favor de los autores pero con retrasos en el cobro. La actual demanda surge tras la notificación de BMI, que informó que España era el único país donde aún no se habían recibido los pagos correspondientes a los conciertos de Taylor Swift.

⚖️ La legalidad de las tarifas en entredicho

Last Tour niega haber incumplido sus obligaciones y afirma haber realizado pagos correspondientes a algunos de los conciertos citados. La promotora considera que la tarifa del 8,5% que aplica la SGAE es abusiva, especialmente en comparación con otros países, donde las tarifas oscilan entre el 1,15% en Estados Unidos y el 4,2% en Reino Unido. Esta diferencia ha encendido las alarmas sobre la competitividad de los eventos musicales organizados en España.

La SGAE, en su defensa, asegura que su tarifa se encuentra dentro de la media europea y que la legislación aplicable es la del país donde se celebra el evento, independientemente del origen del artista. Sin embargo, la Asociación de Promotores Musicales (APM) ha presentado una denuncia ante la CNMC, acusando a la SGAE de mantener tarifas anticompetitivas que perjudican al sector.

🎟️ El debate sobre las entradas VIP y los ingresos reales

Uno de los aspectos más controvertidos de esta disputa radica en cómo se calculan los ingresos sujetos a derechos de autor. Last Tour sostiene que la tarifa de la SGAE debería aplicarse únicamente sobre el precio base del boleto, dejando fuera los incrementos asociados a beneficios adicionales como merchandising exclusivo o accesos preferentes incluidos en las entradas VIP.

Asimismo, la promotora ha denunciado que la SGAE emitió facturas basadas en estimaciones infladas, pese a haber presentado los certificados oficiales de venta de entradas. Según Last Tour, estas cifras duplicarían los ingresos reales obtenidos en los conciertos, lo que agrava el conflicto y cuestiona la metodología de cálculo de la SGAE.

🌍 Comparativa internacional: ¿es España una excepción?

La polémica sobre las tarifas ha adquirido un tinte internacional. Mientras que en países como EE.UU. y Reino Unido las tarifas aplicadas a los conciertos son considerablemente más bajas, en España la SGAE mantiene un porcentaje mucho mayor. Esta situación genera tensiones entre promotores globales, quienes consideran que las condiciones del mercado español dificultan la llegada de grandes artistas internacionales.

La diferencia de criterios evidencia no solo un conflicto legal, sino también un choque de modelos de negocio. Mientras las entidades de gestión defienden el valor de proteger los derechos de autor, los promotores exigen mayor adaptabilidad y coherencia con el entorno internacional. El caso de Last Tour se convierte así en un emblema de una batalla que podría modificar las reglas del juego en el espectáculo en vivo.

🧩 Un conflicto con implicaciones más allá del caso

Más allá de la disputa puntual entre SGAE y Last Tour, este caso pone sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre el futuro del sector musical en España. La necesidad de mayor transparencia, revisión de tarifas y modernización de procesos de facturación son urgentes para restablecer la confianza entre promotores y entidades de gestión.

El desenlace judicial de esta demanda podría marcar un antes y un después. Lo que está en juego no es solo una cifra millonaria, sino la sostenibilidad del modelo de espectáculos en vivo en el país. En un entorno competitivo, donde la experiencia del público y la rentabilidad del promotor son cruciales, encontrar un equilibrio justo será esencial para el futuro de la música en directo en España.